El pasado torneo electoral municipal en la República Dominicana, ha dejado un sabor amargo en la mayoría de la sociedad dominicana, debido al deterioro de valores, moral, buena práctica gubernamental y el rompimiento del marco jurídico establecido por la Constitución y las leyes que rigen la nación con la anuencia del gobierno del PRM.
Con esa práctica vejatoria y rechazable en los nuevos tiempos de la sociedad dominicana, nos deja claro que el actual ejecutivo de la nación está conduciendo el país en un rumbo equivocado, en el sentido de infringir la ley que es el plato fuerte del gobierno de Luis Abinader, utilizando el poder y el erario público para la compra de voluntades, conciencias y documentos que avalan el derecho a ejercer el voto.
Automáticamente cuando el gobierno utiliza el poder, el uso de la fuerza y los recursos del estado para reprimir la voluntad popular en perjuicio de sus oponentes; vulnera el ordenamiento jurídico y el estado de derecho en que vive una sociedad organizada, en ese sentido el gobierno apuesta al desorden y el caos, por lo que los partidos de oposición estaremos al pendiente para esto jamás suceda en nuestra sociedad.
Cómo abogado auxiliar de la justicia y las leyes, les exhortamos al ejecutivo de la nación dominicana actuar con cautela y apegarse estrictamente a las leyes que rigen el Estado dominicano, al contrario estamos dispuestos a enfrentarlo en el plano jurídico que sea necesario, nacional o internacional.
Exhortamos al mandatario terminar de una vez por toda con la intimidación y el uso indebido del poder para perpetuarse en el mismo con prácticas fraudulentas.
Ese método anti-social utilizado por el Gobierno del PRM, en las elecciones municipales del 18 de febrero pasado, no se lo permitiremos para las próximas elecciones presidenciales y legislativas.
Les acordamos al Gobierno del PRM, que el artículo 113 del Código Penal Dominicano, establece que: todos ciudadanos que, en las elecciones hubieren comprado o vendido un sufragio, cualquiera que sea su precio, sufrirá la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos, desde uno hasta cinco años y multas de diez a cien pesos. El comprador del sufragio y sus cómplices serán condenados a una multa que pagarán cada uno por sí, y cuyo monto se elevará al duplo del valor de las cosas recibidas y ofrecidas.
En ese mismo tenor el artículo 114 del referido Código Penal establece que, será sancionable penalmente a los funcionarios, agentes o delegados del gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica, si justificar en, son embargo, que ha obrado por orden superiores a quienes debían obediencia jerárquicas por asunto de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden.
Invoco a la JCE, a jugar su rol de árbitro en las elecciones presidenciales y legislativas, como de derecho corresponde sobre la imparcialidad en el proceso y evitar de toda forma el uso de los recursos del estado, el poder y la fuerza del gobierno que puedan dañar ilegalmente a la oposición y en si la voluntad del pueblo dominicano.
Termino diciendo que los abogados de la Fuerza del Pueblo, miembros, militantes y allegados seremos defensores de la democracia, las leyes, valores, moral y la buena costumbre del Pueblo Dominicano.
Por Domingo Meran, MA
Vice-Secretario Asuntos, Jurídicos,Fuerza del Pueblo
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